Loja, 16 de julio de 2021.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, es la entidad encargada de mantener plagas y enfermedades animales fuera de las fronteras del país, cuyo accionar está fundamentado en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria – LOSA, que determina los procesos técnicos y administrativos que permitan mitigar el riesgo de contaminación para el agro ecuatoriano y de enfermedades transmitidas por alimentos para los consumidores que, en caso de los decomisos sin documentación habilitante, su origen desconocido no garantiza que cumplen los debidos controles que avalen su idoneidad para siembra, distribución o consumo y que deben ser otorgadas única y exclusivamente por la autoridad fito y zoosanitaria de su país de origen.

Según las prácticas internacionales, para que un producto de origen vegetal o animal ingrese al país, existen una serie de requisitos que debe cumplir, entre ellos, haber pasado por un análisis de riesgo que habilite su entrada, contar con el debido permiso de importación y el certificado fitosanitario de exportación, otorgado por el homólogo de Agrocalidad del país de origen de la mercadería, esta documentación avala la ausencia de plagas y enfermedades que signifiquen un riesgo para los cultivos y ganadería del país, así como estar por debajo del límite máximo de residuos de plaguicidas o medicamentos veterinarios que pongan en riesgo la salud de los ecuatorianos.

Por esta razón, como lo manifiesta el artículo 15 de la LOSA, todo producto de origen agropecuario que no cuente con la debida documentación, es una amenaza latente a la producción nacional y a la seguridad alimentaria, al convertirse en un factor de riesgo, por tanto, desde el análisis de riesgo y los procesos técnicos asociados, la Agencia no puede garantizar totalmente la ausencia de plagas y enfermedades animales, así como también que sea apto para el consumo humano, es decir no hay manera de asegurar que no pueda causar intoxicaciones o enfermedades a la población.

Sobre la base de lo expuesto, Agrocalidad ha enviado de manera inmediata y oportuna las debidas respuestas a Aduana y Fiscalía, desde las competencias institucionales y el marco legal aplicable, incluyendo la responsabilidad inherente de evitar perjuicios posteriores a la sanidad agropecuaria y a la salud humana, precautelando de esta manera la seguridad y soberanía alimentaria, que es mandato constitucional de la República ecuatoriana.